Penas por violencia contra niños agitan debate

Pocas cosas unen tanto a una sociedad, o a una nación, como el dolor por los crímenes contra sus niños. La zozobra por los asesinatos de Marlon Andrés Cuesta (6 años) y Sindy Johanna Toro (12 años), la semana pasada en Medellín, no se va y es símbolo de injusticia y desesperanza.

Por eso, cada vez que aparecen casos similares a lo largo del país, la voces que piden endurecer las penas contra los victimarios se hacen sentir. El presidente Iván Duque ha sido un abanderado para que el abuso o violación contra los menores de edad sea un delito imprescriptible.

La Cámara de Representantes retoma hoy el polémico proyecto que ha sido presentado una y otra vez sin lograr hasta ahora ningún resultado. Su efectividad para combatir la violencia contra los niños está en entredicho, así como las intenciones de los defensores de la iniciativa, sobre todo en época electoral.

El proyecto ha sido catalogado como “populismo punitivo” –agradarle a las masas prometiendo penas más severas por delitos de este tipo– lo cual ha sido desmentido por el jefe de Estado.

Se queda en nada
Hoy la ley prohíbe esa medida y establece una pena de 60 años sin beneficios para quienes incurran en este delito.

Dos propuestas para modificar el artículo 34 de la Constitución, y que los culpables vayan a la cárcel por el resto de su vida, se han tramitado desde hace más de una década.

Primero, la senadora fallecida, Gilma Jiménez, lideró un referendo para hacer el cambio en la Carta Magna, pero fue hundido en la Cámara de Representantes en 2011.

Luego, su hija Johana Jiménez tomó las banderas de su mamá y trató de impulsar de nuevo la iniciativa, consciente de que no sería la solución definitiva al problema, pero sí, “darle un mensaje contundente a la sociedad”, dijo el año pasado cuando la propuesta aún tenía vida. El proyecto fue archivado y completó así cinco derrotas en el Legislativo.

Este proyecto es llamativo, pero no es prioritario. Defender la cadena perpetua da visibilidad y lo usarán para hacer campaña, pero no ve uno que haya un aumento considerable en estos delitos, aunque son terribles. El Gobierno se apartó de la recomendación del Consejo Superior de Política Criminal, que dice que esa no es la solución. Sería mejor enfocarse en prevenir con políticas de familia y vivienda. Hay suficiente evidencia de que la cadena perpetua no funciona, pero a un gobierno con tantos problemas de popularidad no le queda bien decir que no lo apoya.

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