Las autoridades de España desarticularon una banda criminal dedicada a explotar laboralmente a migrantes colombianos, a quienes vigilaban a través de cámaras de seguridad, obligaban a trabajar hasta 15 horas diarias seguidas y hacinaban en viviendas que disponían los captores.

El viernes 19 de abril de 2024 las autoridades del país europeo anunciaron el golpe contra la red internacional que se aprovechaba de los migrantes que ponían a trabajar en locales de restauración.

A punta de engaños, la red criminal llevaba a los colombianos hasta España. Según las autoridades, les prometían llamativos trabajos en el sector de hostelería con jugosos sueldos, pero una vez en el territorio europeo, los esclavizaban.

De acuerdo con los primeros reportes que se conocen de este caso, los migrantes viajaban con la ilusión de ganar hasta 500 euros por turnos de cuatro horas diarias; sin embargo, cuando llegaban a España eran obligados a trabajar 15 horas o más por pagos que en ocasiones no alcanzaban ni los 20 euros.

Durante las diligencias de registro y allanamiento que se ejecutaron en Torredembarra, Reus y Tarragona, localidades ubicadas en el nororiente de España, además de capturar a doce integrantes de la banda, las autoridades encontraron material probatorio.

Entre los elementos hallados hay armas de fuego, más de 22.000 euros en efectivo, documentación de los migrantes y material informático.

En el desarrollo de esos operativos fueron liberados 28 colombianos que eran esclavizados; sin embargo, en el desarrollo de las investigaciones ya se había dejado en libertad a otras 18. En total, desde que las autoridades conocieron el caso,. hubo cerca de 46 víctimas.

Así lograron desarticular la banda trasnacional

Las autoridades de España informaron que este logro se dio gracias a una denuncia ciudadana en la que se dio a conocer que un grupo de migrantes, aparentemente sin sus documentos en regla, estaban siendo abusados por parte de empleadores que les daban trabajo de manera irregular.

Según lo que las autoridades conocieron en un inicio, en octubre de 2023, los empleadores se aprovechaban de la situación irregular de algunos colombianos en ese país para ponerlos a trabajar en condiciones laborales muy cuestionables.

Los migrantes provenientes de Colombia ingresaban al país y eran alojados en viviendas que disponían los delincuentes en las localidades mencionadas. Allí, según la denuncia ciudadana, se reportaban altos índices de hacinamiento y también eran vigilados con cámaras de seguridad.

El modus operandi de la organización no era solo ofrecer jugosas ofertas de empleo, sino los recursos necesarios para hacer todos los trámites necesarios para viajar a Europa, incluyendo la compra de tiquetes, para que las víctimas quedaran con grandes deudas y de esa manera someterlas.

Tras establecer cómo y dónde operaba la banda, la Policía de España en conjunto con la Guardia Civil, adelantaron un operativo en el que participaron más de 180 agentes y que dejó como resultado la desarticulación de la red y la liberación de varios migrantes colombianos que eran sometidos.

De las 12 personas que fueron capturadas, el juzgado de instrucción encargado del caso estableció medida de aseguramiento en establecimiento penitenciario para tres de ellas. Además, se clausuraron cuatro locales de restauración en los que trabajaban los colombianos abusados.

Los integrantes de la banda criminal son señalados por los delitos de pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos, favorecimiento de la inmigración y falsedad documental, de acuerdo con la información revelada por el medio local Diari de Tarragona.

Ese mismo diario reveló que, de acuerdo con fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, los criminales que fueron enviados a la cárcel no tienen posibilidad de pagar fianza.

Al menos 500.000 personas protestaron este domingo en las principales ciudades de Colombia, en la mayor manifestación que ha enfrentado el gobierno de Gustavo Petro desde que llegó al poder hace veinte meses y en momentos en que su popularidad está en rojo.

El variopinto grupo de convocantes incluyó organizaciones médicas, la oposición, fuerzas políticas de centro, y algunos antiguos aliados de izquierda con diversos clamores: rechazan sus proyectos para estatizar el servicio de salud, su iniciativa de convocar una Asamblea Nacional Constituyente y las negociaciones de paz con grupos armados que no han detenido la violencia.

“Yo voté por el cambio, por Petro, pero seguimos con lo mismo. Marcho porque sigo pensando que Colombia tiene alguna esperanza”, dijo a la AFP Martha Estrada, pensionada de 64 años con un sombrero tricolor en Bogotá.

En la capital la lluvia no detuvo a los manifestantes y decenas de miles se congregan en la central Plaza de Bolívar, vecina de la sede presidencial, constató la AFP.

Petro llegó al poder hace casi dos años como el primer izquierdista en gobernar un país tradicionalmente dirigido por élites conservadoras.

Con 60% de desaprobación, según la encuestadora Invamer, el mandatario ha ido perdiendo apoyo de las fuerzas políticas en el Congreso y también en la plaza pública donde suele ser muy activo.

En Cali (suroeste), Medellín (noroeste) y Barranquilla (norte) los manifestantes se sumaron con banderas de Colombia, camisetas blancas y un grito al unísono: “¡Fuera Petro!”.

En las principales capitales hubo en total cerca de medio millón de manifestantes, según cifras oficiales. Solo en Medellín salieron a protestar unas 350.000 personas, de acuerdo con la Personería.

– “Marcha de las batas blancas” –

Aunque el presidente no se ha pronunciado directamente, publicó en la red X el video de una vieja sátira de televisión, en el que la “clase dominante” protestaba.

No es la primera manifestación contra el gobierno pero sí la más multitudinaria.

Uno de sus proyectos de reformas, el de la salud, dividió al país cuando el mandatario empezó a implementar por vía administrativa varios de sus ejes centrales ante las dificultades de lograr apoyos en el Congreso.

El presidente aspira a reducir la participación de privados en la prestación de servicios sanitarios, y en los últimos días intervino varias de las entidades que sirven de intermediarias de los recursos entre el Estado y los hospitales, para controlar su presupuesto.

Expertos coinciden en que el sistema está en bancarrota y debe reformarse, pero algunos cuestionan la manera en que el gobierno pretende hacerlo.

Con el nombre de “marcha de las batas blancas”, los médicos manifestaron su “desacuerdo con el actual manejo del sistema de salud por parte del gobierno”.

Según Invamer, el 56% de los encuestados en abril rechazaron que el gobierno “esté interviniendo algunas de las EPS (Entidades Promotoras de Salud) en Colombia para administrar directamente el sistema”.

“Estoy aquí como ciudadano, médico y colombiano. (…) Como médico se ve el deterioro porque no hay medicamentos para dar a los pacientes, porque los pacientes demoran en la atención”, relató el doctor Julio Rivero, de 35 años, en Bogotá.

– Paz maltrecha –

Manifestantes en distintas ciudades llevaban pancartas alusivas a la inseguridad, y a la violencia de rebeldes y narcos en el campo.

“Este señor protege más a los malandros (criminales) de la guerrilla que a la gente buena de este país. (…) Es el momento de unirnos para que sienta que no somos los ricos, somos todos, la clase media trabajadora, que necesitamos un cambio”, dijo Betty Ospina, manifestante de 67 años.

La ambiciosa política de “Paz Total” con la que el gobierno aspira desactivar seis décadas de conflicto armado sufre reveses.

Sus detractores rechazan las concesiones que reciben los grupos armados en medio de las negociaciones de paz, pese a las frecuentes violaciones a lo pactado y las pocas muestras de voluntad de deponer las armas.

Las negociaciones con los rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han sufrido varias crisis por asesinatos, secuestros y ataques a la fuerza pública.

Un 70% de los colombianos cree que el país está “empeorando”, según Invamer.

Las protestas llegan además en medio de una crisis hídrica debido a una grave sequía que tiene a más de 10 millones de personas en racionamiento de agua en Bogotá. El fin de semana volvieron las lluvias, pero no han sido suficientes, según autoridades.

El presidente ordenó suspender la exportación de energía a Ecuador y el viernes decretó un “día cívico” con la solicitud de ahorrar agua y energía y “salir este fin de semana a sitios de otras cuencas hidrográficas para disminuir la presión de consumo” en Bogotá.

La medida fue vista por algunos críticos de Petro como un golpe a la convocatoria de protestas de este domingo.

En medio de la jornada de marchas que se adelantan hoy en las diferentes ciudades del país, convocadas por la oposición con el objeto de mostrar su descontento con la gestión del mandatario, el presidente Petro, a través de su cuenta de X, trinó video satírico de Jaime Garzón.

Con mensaje “la clase dominante”, el presidente publicó un video de humorista en el que, de forma sarcástica, Garzón realizaba una parodia, en ese momento, del exministro Rudolf Hommes.

El último reporte que emitió la Secretaría de Gobierno de Bogotá develó que, con corte a las 11 de la mañana, se calcula que salieron alrededor de 45.000 personas a manifestarse. Sin embargo, autoridades locales calculan que son cerca de 80.000 personas las que participaron en marcha contra el Gobierno en la Capital.

Desde el PMU, la Policía Nacional, el general William René Salamanca y el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, entregaron reporte sobre la jornada de protestas de hoy en el país. “Los ciudadanos que decidieron salir a marchar hoy en Colombia lo hicieron en completa paz y tranquilidad“, señaló el ministro.

Velasco destacó que reconoce el buen tono de las marchas. “Reconocemos que las autoridades locales, de policía y órganos de control del Estado, el Ministerio Público, estuvieron en cada uno de los rincones dando las garantías. El Gobierno le dio garantías a los ciudadanos para que pudieran salir a protestar”.

Al respecto, el general William René Salamanca destacó la presencia de los ciudadanos en algunas ciudades de Colombia de manera pacífica. “La Policía Nacional destinó más de 23.000 de sus integrantes, con sus capacidades, para contribuir con las concentraciones“, señaló.