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En qué va el lío por la impresión de pasaportes en Colombia

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Incertidumbre, quizá la palabra que pueda describir la situación de la impresión y expedición de pasaportes en Colombia, lo cual ha desencadenado, incluso, desespero para varios ciudadanos, quienes han tenido que hacer largas filas durante los últimos días para poder agendar una cita y poder expedir este documento.

A esto se le suma una contrarreloj por el cierre del contrato que tiene Thomas Greg con el Gobierno como el proveedor de pasaportes en el territorio nacional, pues este termina el próximo 2 de octubre.

A pesar de que el canciller Álvaro Leyva declaró urgencia manifiesta para la entrega provisional del contrato de impresión de pasaportes de manera directa, luego de hacer declarado desierta la nueva licitación, nadie tiene pleno conocimiento de quién va a sumir ese rolo, considerado un tema de seguridad nacional.

Según le dijeron fuentes del alto Gobierno a EL TIEMPO, se ha estado indagando en el exterior por empresas especializadas que estén interesadas en asumir la impresión de libretas para el país, esto mientras se adelanta una nueva licitación, tasada en 599.000 millones de pesos.

A la vez, se avanza en una indagación en la Fiscalía General de la Nación por aparentes irregularidades en la licitación desierta, lo que llevo al presidente Gustavo Petro a intervenir en lo que denominó la falta de pluralidad de oferentes.

Las licitaciones con un proponente se declaran desiertas y se inicia de nuevo el proceso quitando las fallas que impiden la competencia. En este gobierno no se permite la corrupción“, dijo el jefe de Estado en sus redes sociales.

De hecho, una denuncia hecha desde la Casa de Nariño a la Fiscalía señala a tres funcionarios de la Cancillería por, presuntamente, haber confeccionado los pliegos para darle prelación a uno de los concursantes (Thomas Greg) en contravía a la pluralidad reclamada por Petro.

Decreto 1536 del 2023

Uno de los funcionarios que ese menciona en la denuncia y que recibió mensajes directos desde el palacio presidencial sobre la decisión de hundir el proceso contractual es José Antonio Salazar Ramírez, secretario general de la Cancillería y mano derecha de Álvaro Leyva.

De hecho, antes de que el canciller declarara desierto el proceso de licitación, Salazar lo reactivó y citó a audiencia de adjudicación. Por ello, incluso, algunos daban por hecho su renuncia.

No obstante, además de que el secretario general continúa fungiendo en el cargo, el Gobierno firmó un decreto en el que se le reconoce dentro de otro rol que ha venido cumpliendo: oficial de la reserva del Ejército.

Se trata, pues, del decreto 1536 del 21 de septiembre del 2023, conocido en primicia por EL TIEMPO. En este, el presidente Petro y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, ordenan el ascenso de varios oficiales de la reserva.

En este grupo, perteneciente a la Escuela Superior de Guerra, el único ascenso solicitado por el comandante general de las Fuerzas Militares, Helder Giraldo, el 27 de junio pasado fue, precisamente, José Antonio Salazar, quien con el decreto pasó de ser mayor a ser teniente coronel.

El 27 de junio es clave porque fue a finales de ese mes que se desató la polémica por la licitación de pasaportes y Salazar, inclusive, confrontó a la secretaría jurídica de la Casa de Nariño para que dicho trámite siguiera adelante, luego de 26 días de haber estado congelado.

Adicionalmente, en la denuncia, que está en poder de la Fiscalía, se señala a Salazar de haber ignorado las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en plazos y requisitos, puntos en los que estuvieron de acuerdo algunas empresas interesadas.

Pero ahora, Salazar, como nuevo coronel en reserva, está nuevamente al frete del proceso de licitación de pasaportes, rol que le devolvió el canciller.

Lo que no se sabe es lo que pueda pasar el 2 de octubre, cuando Thomas Greg deje de imprimir las libretas de identificación de los colombianos ante las entidades internacionales.

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Por conducir alcoholizada y llevar cocaína entre sus pantalones, colombiana fue detenida en España

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Por varios minutos la mujer condujo por un túnel de Madrid, a toda velocidad y por el carril contrario. Tras una persecución fue capturada.

En un video de cámaras de seguridad quedó registrado el momento exacto en el que una mujer de nacionalidad colombiana conducía un vehículo a toda velocidad en transitada vía en Madrid, España.

Agentes de la Comisaría Integral de Distrito de Latina iniciaron una fuerte persecución al vehículo en cuestión, luego de salir del túnel, las unidades lograron interceptarla, rodeándola con varios vehículos para que se detuviera, pues hizo caso omiso a las señales de alto.

La mujer circulaba en sentido contrario en el túnel de la calle 30 en la capital española.

Colombiana borracha fue detenida en España

Una vez las autoridades españolas lograron detener el vehículo, bajaron a la persona que conducía. Se trataba de una mujer extranjera en evidente estado de ebriedad, según el reporte inicial, se le dificultaba pronunciar las palabras y no podía sostenerse de pie.

Inmediatamente, los uniformados procedieron a practicarle la respectiva prueba de alcoholemia que dio positivo en una escala de 0,91 mg/l.

Los oficiales descubrieron que la mujer llevaba en su cuerpo una concentración de alcohol casi cuatro veces mayor que el límite legal permitido en España.

Colombiana llevaba un kilo de droga oculto en sus pantalones

La mujer colombiana de 30 años manejó varios kilómetros en sentido contrario, aun cuando era perseguida por las autoridades.

La captura de la mujer se dio sobre la 1:30 de la madrugada en la mitad de una vía a la salida del túnel.

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Cómo funcionará el nuevo esquema para la expedición de pasaportes en el país

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Este modelo entraría en vigencia a partir de julio del 2025. 

Durante un debate de control político en la Cámara de Representantes, el canciller (e) Luis Gilberto Murillo presentó el nuevo esquema para la expedición de pasaportes en el país. El modelo entraría a regir a partir del 2025 y tendría en miras un mayor porcentaje de participación pública. 

Según explicó el funcionario, estos criterios clave también estarían enfocados en que exista una mayor pluralidad en los proponentes en las licitaciones presentadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el garantizar más seguridad en la información. 

Además, Murillo señaló que se está trabajando en la construcción de un convenio interadministrativo con la Imprenta Nacional para que sea esa entidad la encargada de elaborar estos documentos de identidad. Para llevar a cabo esta operación, esta contará con dos aliados: uno privado y otro público extranjero. 

“Para el aliado estratégico privado, obviamente deben garantizarse las condiciones de objetividad de este y para el aliado público extranjero, nosotros hemos priorizado algunos países: Austria, Alemania, Estados Unidos, Bélgica, Cánada y México. Han expresado su interés”, destacó.  

Ese componente de ejecución también incluye la atención al ciudadano; captura y formalización; la impresión y la entrega de los documentos. 

Así mismo, el objetivo de la Cancillería con este modelo es el de salirse del modelo del SITAC, para que se asegure una mayor transparencia en la asignación de citas en línea.

¿Cómo se adoptaría?

El tránsito a este nuevo esquema estaría compuesto de tres etapas.

La primera, que se encuentra en curso, está centrada en asegurar la continuidad del servicio público hasta octubre de este año, considerando que en ese mes finaliza el contrato con el actual contratista Thomas Greg & Sons. 

El tránsito oficial empezaría a partir del 3 de octubre de 2024 y  en julio de 2025 ya entraría en vigencia plena el modelo.   

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Influencer Yeferson Cossio fue sancionado por la SIC

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El influencer habría caído en publicidad que no era clara con lo que realmente ofrecía el curso y por ende, indujo al error a los compradores.

La Superintendencia de Industria y Comercio informó que sancionó al influenciador Yeferson Cossio, quien cuenta con alrededor de 40 millones de seguidores en sus redes, por publicidad engañosa con una multa equivalente a $813 millones.

La entidad informó que la decisión fue adoptada luego de que se adelantara la correspondiente investigación administrativa sancionatoria, en la cual se concluyó que el investigado incurrió en publicidad engañosa sobre su producto denominado “Método Cossio”.

Lo anterior toda vez que el mensaje publicitario transmitido fue la promesa de ganancias monetarias en un tiempo determinado, este exponía: “¿Qué van a pensar ustedes ya en cinco meses? Cuando todos los que sí compraron el curso estén tapados en seguidores, en plata”, y “Ósea (Sic..) cuarenta y nueve dólares puede ser mucho, obviamente para unas personas, pero eso, eso lo pueden librar literalmente con su primer video”.

La entidad explicó entonces que ” tales afirmaciones conformaron un mensaje de tipo objetivo y reforzaron la idea de que en efecto el “Método Cossio” ayudaba a conseguir riqueza en poco tiempo, mensaje que se reforzó con la imagen del influenciador Yeferson Cossio , encargado de publicitar el producto.

Al avanzar la investigación, se determinó que los resultados que se prometían estaban supeditados a factores adicionales que no fueron indicados en dicha publicidad, por lo tanto la SIC determinó que “se transmitió un mensaje que no se ajustó a la realidad, dado que las afirmaciones objetivas empleadas no tuvieron un verdadero respaldo que demostrara y sustentara que los consumidores podían volverse ricos en redes sociales, en un lapso de cinco meses“.

También se reveló que se encontró que un elevado número de consumidores fueron inducidos en error. Entonces “se tuvo en cuenta que la investigada vulneró las expectativas creadas en aproximadamente 23.300 personas que adquirieron el “Método Cossio”.

Así las cosas, la publicidad del curso “Método Cossio” tuvo como finalidad influir en las decisiones de consumo de aquellos que tuvieron acceso a las piezas publicitarias pero no proporcionaron un sustento respecto a los resultados esperados del curso lo que, según la SIC, indujo o pudo inducir en engaño o confusión a los consumidores y por ende, una violación a n los artículos 29 y 30 de la Ley 1480 de 2011.

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