Incertidumbre, quizá la palabra que pueda describir la situación de la impresión y expedición de pasaportes en Colombia, lo cual ha desencadenado, incluso, desespero para varios ciudadanos, quienes han tenido que hacer largas filas durante los últimos días para poder agendar una cita y poder expedir este documento.

A esto se le suma una contrarreloj por el cierre del contrato que tiene Thomas Greg con el Gobierno como el proveedor de pasaportes en el territorio nacional, pues este termina el próximo 2 de octubre.

A pesar de que el canciller Álvaro Leyva declaró urgencia manifiesta para la entrega provisional del contrato de impresión de pasaportes de manera directa, luego de hacer declarado desierta la nueva licitación, nadie tiene pleno conocimiento de quién va a sumir ese rolo, considerado un tema de seguridad nacional.

Según le dijeron fuentes del alto Gobierno a EL TIEMPO, se ha estado indagando en el exterior por empresas especializadas que estén interesadas en asumir la impresión de libretas para el país, esto mientras se adelanta una nueva licitación, tasada en 599.000 millones de pesos.

A la vez, se avanza en una indagación en la Fiscalía General de la Nación por aparentes irregularidades en la licitación desierta, lo que llevo al presidente Gustavo Petro a intervenir en lo que denominó la falta de pluralidad de oferentes.

“Las licitaciones con un proponente se declaran desiertas y se inicia de nuevo el proceso quitando las fallas que impiden la competencia. En este gobierno no se permite la corrupción“, dijo el jefe de Estado en sus redes sociales.

De hecho, una denuncia hecha desde la Casa de Nariño a la Fiscalía señala a tres funcionarios de la Cancillería por, presuntamente, haber confeccionado los pliegos para darle prelación a uno de los concursantes (Thomas Greg) en contravía a la pluralidad reclamada por Petro.

Decreto 1536 del 2023

Uno de los funcionarios que ese menciona en la denuncia y que recibió mensajes directos desde el palacio presidencial sobre la decisión de hundir el proceso contractual es José Antonio Salazar Ramírez, secretario general de la Cancillería y mano derecha de Álvaro Leyva.

De hecho, antes de que el canciller declarara desierto el proceso de licitación, Salazar lo reactivó y citó a audiencia de adjudicación. Por ello, incluso, algunos daban por hecho su renuncia.

No obstante, además de que el secretario general continúa fungiendo en el cargo, el Gobierno firmó un decreto en el que se le reconoce dentro de otro rol que ha venido cumpliendo: oficial de la reserva del Ejército.

Se trata, pues, del decreto 1536 del 21 de septiembre del 2023, conocido en primicia por EL TIEMPO. En este, el presidente Petro y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, ordenan el ascenso de varios oficiales de la reserva.

En este grupo, perteneciente a la Escuela Superior de Guerra, el único ascenso solicitado por el comandante general de las Fuerzas Militares, Helder Giraldo, el 27 de junio pasado fue, precisamente, José Antonio Salazar, quien con el decreto pasó de ser mayor a ser teniente coronel.

El 27 de junio es clave porque fue a finales de ese mes que se desató la polémica por la licitación de pasaportes y Salazar, inclusive, confrontó a la secretaría jurídica de la Casa de Nariño para que dicho trámite siguiera adelante, luego de 26 días de haber estado congelado.

Adicionalmente, en la denuncia, que está en poder de la Fiscalía, se señala a Salazar de haber ignorado las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en plazos y requisitos, puntos en los que estuvieron de acuerdo algunas empresas interesadas.

Pero ahora, Salazar, como nuevo coronel en reserva, está nuevamente al frete del proceso de licitación de pasaportes, rol que le devolvió el canciller.

Lo que no se sabe es lo que pueda pasar el 2 de octubre, cuando Thomas Greg deje de imprimir las libretas de identificación de los colombianos ante las entidades internacionales.