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En qué va el lío por la impresión de pasaportes en Colombia

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Incertidumbre, quizá la palabra que pueda describir la situación de la impresión y expedición de pasaportes en Colombia, lo cual ha desencadenado, incluso, desespero para varios ciudadanos, quienes han tenido que hacer largas filas durante los últimos días para poder agendar una cita y poder expedir este documento.

A esto se le suma una contrarreloj por el cierre del contrato que tiene Thomas Greg con el Gobierno como el proveedor de pasaportes en el territorio nacional, pues este termina el próximo 2 de octubre.

A pesar de que el canciller Álvaro Leyva declaró urgencia manifiesta para la entrega provisional del contrato de impresión de pasaportes de manera directa, luego de hacer declarado desierta la nueva licitación, nadie tiene pleno conocimiento de quién va a sumir ese rolo, considerado un tema de seguridad nacional.

Según le dijeron fuentes del alto Gobierno a EL TIEMPO, se ha estado indagando en el exterior por empresas especializadas que estén interesadas en asumir la impresión de libretas para el país, esto mientras se adelanta una nueva licitación, tasada en 599.000 millones de pesos.

A la vez, se avanza en una indagación en la Fiscalía General de la Nación por aparentes irregularidades en la licitación desierta, lo que llevo al presidente Gustavo Petro a intervenir en lo que denominó la falta de pluralidad de oferentes.

Las licitaciones con un proponente se declaran desiertas y se inicia de nuevo el proceso quitando las fallas que impiden la competencia. En este gobierno no se permite la corrupción“, dijo el jefe de Estado en sus redes sociales.

De hecho, una denuncia hecha desde la Casa de Nariño a la Fiscalía señala a tres funcionarios de la Cancillería por, presuntamente, haber confeccionado los pliegos para darle prelación a uno de los concursantes (Thomas Greg) en contravía a la pluralidad reclamada por Petro.

Decreto 1536 del 2023

Uno de los funcionarios que ese menciona en la denuncia y que recibió mensajes directos desde el palacio presidencial sobre la decisión de hundir el proceso contractual es José Antonio Salazar Ramírez, secretario general de la Cancillería y mano derecha de Álvaro Leyva.

De hecho, antes de que el canciller declarara desierto el proceso de licitación, Salazar lo reactivó y citó a audiencia de adjudicación. Por ello, incluso, algunos daban por hecho su renuncia.

No obstante, además de que el secretario general continúa fungiendo en el cargo, el Gobierno firmó un decreto en el que se le reconoce dentro de otro rol que ha venido cumpliendo: oficial de la reserva del Ejército.

Se trata, pues, del decreto 1536 del 21 de septiembre del 2023, conocido en primicia por EL TIEMPO. En este, el presidente Petro y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, ordenan el ascenso de varios oficiales de la reserva.

En este grupo, perteneciente a la Escuela Superior de Guerra, el único ascenso solicitado por el comandante general de las Fuerzas Militares, Helder Giraldo, el 27 de junio pasado fue, precisamente, José Antonio Salazar, quien con el decreto pasó de ser mayor a ser teniente coronel.

El 27 de junio es clave porque fue a finales de ese mes que se desató la polémica por la licitación de pasaportes y Salazar, inclusive, confrontó a la secretaría jurídica de la Casa de Nariño para que dicho trámite siguiera adelante, luego de 26 días de haber estado congelado.

Adicionalmente, en la denuncia, que está en poder de la Fiscalía, se señala a Salazar de haber ignorado las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en plazos y requisitos, puntos en los que estuvieron de acuerdo algunas empresas interesadas.

Pero ahora, Salazar, como nuevo coronel en reserva, está nuevamente al frete del proceso de licitación de pasaportes, rol que le devolvió el canciller.

Lo que no se sabe es lo que pueda pasar el 2 de octubre, cuando Thomas Greg deje de imprimir las libretas de identificación de los colombianos ante las entidades internacionales.

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Colombianos y venezolanos, entre los que más solicitaron asilo en España

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España recibió en 2023 un récord de 163.000 solicitudes de asilo, en su gran mayoría de venezolanos, colombianos y peruanos, informó este jueves el Ministerio del Interior.

El ministerio registró “163.218 solicitudes de protección internacional en 2023, un 37% más que en el año anterior y la mayor cifra desde la creación de la oficina de asilo en 1992”, indicó en un comunicado.

Casi el 80% de los solicitantes proviene de tres países latinoamericanos: Venezuela (60.534 peticiones), Colombia (53.564) y Perú (14.306), precisó el texto.

Las cifras del 2023 “sitúan a España como el tercer país receptor” de personas que solicitan asilo en la Unión Europea, aseguró el ministerio.
El año pasado, el ministerio resolvió 92.963 expedientes de protección internacional.

A 41.478 solicitantes, en su mayor parte venezolanos, les concedió “residencia y trabajo por razones humanitarias durante un año”, explicó.

A otras 7.521 personas, principalmente afganos, sirios, nicaragüenses, colombianos y hondureños, les otorgó el estatus de refugiado.

Y a 3.850 personas, sobre todo malienses, les confirió el llamado derecho a la protección subsidiaria, que es cuando no califican para recibir asilo, pero corren peligro si son regresadas a sus lugares de origen.

Cabe señalar que la ONG española Caminando Fronteras informó que al menos 6.618 migrantes murieron o desaparecieron en 2023 mientras intentaban llegar a España.

Esta cifra, que prácticamente se ha triplicado respecto a 2022, cuando hubo 2.390, es “el registro más alto” por la ONG desde que inició sus recuentos, declaró a la prensa en Madrid su coordinadora, Helena Maleno

A modo de comparación, un informe de la ONG publicado el año pasado registraba 11.200 migrantes muertos o desaparecidos al intentar llegar a España entre 2018 y 2022, una media de seis al día.

Según cifras del gobierno español, este aumento de las tragedias migratorias se produce cuando el número de migrantes que llegaron ilegalmente a España casi se duplicó en 2023, hasta las 56.852 personas, debido a una afluencia sin precedentes en la ruta al archipiélago atlántico de las islas Canarias.

Caminando Fronteras, que basa sus informes en llamadas de socorro de migrantes en el mar o de sus familias, contabilizó 363 mujeres y 384 niños entre las víctimas del año pasado.

La inmensa mayoría de las desapariciones de quienes intentaban alcanzar España (6.007 del total) se produjo en la muy peligrosa ruta entre las costas del noroeste de África y las islas Canarias, en el océano Atlántico.

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España examina petición para regularizar a migrantes sin papeles: ¿a cuántos beneficiaría?

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El Parlamento español debe pronunciarse este martes sobre una iniciativa popular firmada por más de 600.000 personas, y con el apoyo de unas 900 asociaciones, que reclama la regularización excepcional de todos los inmigrantes irregulares que viven en el país.

Esta iniciativa, lanzada hace casi tres años por un colectivo de defensa de migrantes irregulares, será abordada en el pleno por los diputados, que deberán decidir si autorizan el examen formal de una proposición de ley sobre el tema.

a plataforma de izquierda Sumar, socia del partido socialista de presidente Pedro Sánchez en la coalición de gobierno, ya expresó que apoya la regularización masiva.

A pesar de estar a favor de que el Parlamento examine esta iniciativa popular, los socialistas se mantienen prudentes y aseguran que el derecho europeo no permite una regularización generalizada de inmigrantes sin papeles.

¿Qué pide la iniciativa?

La iniciativa ciudadana, firmada hasta este martes por 612.000 personas, reclama que se busquen “mecanismos que garanticen” que los migrantes irregulares “puedan salir de la situación de invisibilidad y ‘no derechos'”.

“De acuerdo con las estimaciones más recientes, en España residen de manera irregular entre 390.000 y 470.000 personas, de las cuales una tercera parte serían menores de edad”, recuerda este texto enviado a los diputados, apoyado por 906 asociaciones, así como por la Iglesia.

“El sistema de acceso a la residencia contemplado en la ley de extranjería LO 4/2000 resulta insuficiente y limitado y no se ajusta a la realidad actual de las personas migrantes que viven y trabajan en el Estado español”, menciona el texto. 

“Los criterios de acceso a la residencia son altamente restrictivos”, lamentan, y “el procedimiento administrativo” para obtener el permiso o su renovación “es lento, burocrático y cuenta con un elevado margen de discrecionalidad”, agregan.

Según los impulsores de esta iniciativa popular, esta situación va contra los derechos fundamentales de los inmigrantes y genera igualmente “la pérdida de un gran aporte económico y fiscal para el conjunto de la sociedad”, ya que no les permite pagar impuestos.

“Para muchas personas en situación de irregularidad es imposible conseguir papeles. Entre ellos hay familias con niños que no pueden acceder a la salud o a la educación, se encuentran en una rueda de un sistema perverso que las mantiene en la extrema precariedad”, afirmó Lamine Sarr, portavoz del movimiento que busca la regularización de migrantes.

Los autores del texto recuerdan que las políticas de regularización masiva fueron implementadas en varias ocasiones durante las últimas décadas en la Unión Europea, en particular en España.

En el año 2000, por ejemplo, el presidente conservador José María Aznar regularizó a casi 137.000 inmigrantes ilegales, antes de endurecer las condiciones de concesión de permisos de residencia.

En 2005, el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero regularizó, de su lado, a unos 580.000 inmigrantes irregulares durante un proceso “excepcional” que le valió críticas en Europa.

Así, el texto propuesto le otorga al gobierno un periodo de seis meses para aprobar un decreto que estipule el procedimiento para regularizar la situación administrativa “de los extranjeros que se encuentren en territorio nacional antes del 1.° de noviembre de 2021″.

“La existencia de cerca de medio millón de personas fuera del radar de las instituciones y de la planificación de los servicios públicos supone un déficit de gobernanza pública que es urgente corregir”, señala el texto.

Según el medio español Eldiario.es, si el Congreso aprueba que la iniciativa siga su curso, la norma pasará a una comisión en donde los grupos parlamentarios realizarán enmiendas al proyecto. Luego, la ley se sometería a votación en el pleno del Congreso. Por el contrario, si es rechazada este martes, la iniciativa no podrá ser revisada y ser archivará.

“No se trata ni de barra libre ni de cerrar fronteras. Se trata de saber que un país como el nuestro necesita y va a necesitar muchísimos miles de inmigrantes, incluso para poder sostener su propio tejido, pero hay que hacerlo de manera razonable e inteligente”, dijo Patxi López, portavoz del partido socialista, que afirmó que apoyarán la votación este martes.

La norma podría impactar directamente a cientos de colombianos. Más de 800.000 colombianos viven en España, según datos del Departamento Nacional de Estadística (DANE), una cifra que Gobierno y organizaciones civiles, según reconocen, es inferior a la real, ya que muchos otros no están registrados en su oficina consular por miedo a que se descubra que están en situación irregular.

Cifras de 2020, de hecho, aseguran que al menos 10.000 colombianos viven de manera irregular en España.

Según datos del español Instituto Nacional de Estadística, además, 42.600 colombianos llegaron a España el último trimestre de 2023, siendo así la comunidad extranjera que más creció en ese período, por delante de la venezolana (27.300), la marroquí (25.800) y la peruana (17.200). 

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Comer en un restaurante en Caracas, es más caro que en algunas de las ciudades más cosmopolitas del mundo

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En febrero, el medio especializado The Economist presentó un índice de los países más caros para celebrar el día de San Valentín. Y Caracas se ubicó séptimo, por encima de Beijing y Abu Dabi. ¿Por qué es tan costoso?

En la dolarizada Caracas, comer en un restaurante es más caro que en algunas de las ciudades más cosmopolitas del mundo. Todos los años, para el 14 de febrero, The Economist elabora un ranking con lo que cuesta una velada e incluye varios items, entre ellos, una comida.

Las listas están basadas en precios de todo el año anterior. Caracas no figuró en el ranking del año pasado, pero en el de 2024 aparece en posición de «honor»: en octavo si se considera solo el precio de los restaurantes y en séptimo si se suman todas las variables, que son restaurantes, botella de vino caro, dos tickets para el cine, dos bebidas en un bar y una carrera de taxi.

En síntesis y siempre según The Economist: cenar en un restaurante en Caracas, en promedio, es más costoso que en Zurich, Los Ángeles, Anu Dhabi, Bahrain, Beijing e incluso, un poquito más costoso que Moscú. Y estas son las ciudades consideradas más caras para una velada de San Valentín, según este medio informativo especializado en economía.

Otro dato: Caracas es la única ciudad latinoaméricana que aparece en el ranking, incluso por encima de Río de Janeiro, Ciudad de México, Lima o Buenos Aires.

¿Por qué es tan caro comer en Caracas?

A grosso modo, varios factores externos inciden en el costo de una comida en un restaurante en Caracas. Uno de los más importantes es el alquiler de los locales, para quienes no lo tienen propio. Un local pequeño, en una zona como Las Mercedes o La Castellana, puede costar 4.500 a 5.000 dólares. La inversión inicial también es alta y, para un restaurante de alto nivel, ronda los varios cientos de miles de dólares

Sin embargo, hay otros factores subjetivos que también inciden y es el nivel de ganancias y de retorno de la inversión que pretenden algunos propietarios, como bien lo señaló Adrián Yánez, chef venezolano con experiencia laboral en varios países.

A su decir, algunos restauradores venezolanos pretenden ganancias de 200%, cuando en la mayoría de los países desarrollados está entre 27 y 30%. También considera que tratan de recuperar la inversión completa en meses.

«Hay que sincerar ganancias. Si algo cuesta 20 dólares el kilo, en el costo del plato no lo puedes proyectar como si costara 150. Entiendo que hay que pagarle a la brigada de cocineros, y tener ganancias, pero es que el empresario venezolano a veces quiere recuperar la inversión completa en tres meses. Y eso no pasa en ninguna parte del mundo», refirió.

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