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Qué es el “Pacto en La Picota” y por qué es polémico

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El término fue utilizado por Federico Gutiérrez para criticar la controversial propuesta de Gustavo Petro sobre el “perdón social”.

Juan Fernando Petro, hermano del candidato presidencial Gustavo Petro, se reunió recientemente con el exsenador Iván Moreno Rojas, quien está condenado por el ‘carrusel de la contratación’,.

Uno de los escándalos de corrupción más graves que ha tenido Bogotá en sus últimos 20 años.

Esta reunión le ha producido ‘dolores de cabeza’ al aspirante presidencial, debido a que sus rivales políticos aseguran que el líder de la Colombia Humana estaría buscando votos en las cárceles.

Ante este complejo panorama, Federico Gutiérrez explicó el porqué de la visita de su hermano a Moreno en la cárcel La Picota, sitio en el que el excongresista está recluido. Durante la conversación, el candidato del Pacto Histórico afirmó que algunos políticos involucrados en corrupción han tratado de comunicarse con gente de su campaña para manifestar que están dispuestos a ser constructores de “perdón social”.

“Él no es narco, es parapolítico, fue corrupto. Está en un proceso muy interesante desde el punto de vista personal. Lo que Iván Moreno nos ha sugerido es ser constructores del perdón social, eso se está discutiendo en las cárceles”, expresó Petro al medio citado. Además, aseveró que no fue él la persona que pidió reunirse con Moreno, sino que desde la cárcel han tratado de contactarlo para iniciar un proceso de justicia y reconciliación.

“El pacto en La Picota”, la frase de Federico Gutiérrez

Los argumentos de Petro no han sido suficientes para los demás aspirantes a la Presidencia de la República, quienes insisten en que el objetivo del dirigente político es obtener votos de “corruptos”. Uno de los cometarios que ha sido tendencia ha sido el del candidato de Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, quien utilizó un juego de palabras para referirse a la polémica: “Terminó siendo ‘histórico’ el Pacto en la Picota”.

Sergio Fajardo, de la Coalición Centro Esperanza, aseveró que el único objetivo de Petro es conseguir más votos para promover su campaña, sin importar de dónde vengan estos. “En medio de esta correría me entero que el hermano de Petro va a la cárcel para hablar con Iván Moreno, gran corrupto de nuestro país, y la explicación es el ‘perdón social’: carreta, está buscando votos con corruptos”, comentó en un video el exalcalde de Medellín.

Íngrid Betancourt, del Verde Oxígeno, también se refirió al tema y señaló que la propuesta de Petro incentivaría a los colombianos a cometer delitos: “El perdón social es una argucia para comprarle votos a los corruptos, a cambio de impunidad. Es lo que llamamos ‘venderle el alma al diablo’¿Cómo explicar que una propuesta tan descarada, no le abra los ojos a la ciudadanía y no despierte una sanción social?”.

Petro aclara qué es el “perdón social”

Petro habló en sus redes sociales de este tema para tratar de explicar de mejor manera a qué hace referencia cuando utiliza la expresión “perdón social”. “El perdón social es social. Sin perdón no hay reconciliación. Si el país ha vivido décadas de violencia, la única manera de saldar las heridas es a partir de un inmenso perdón global”, comentó el también exalcalde de Bogotá, quien además indicó que este proceso implica una verdadera justicia reparativa.

Asimismo, el representante del Pacto Histórico dejó en claro que en caso de llegar a la Casa de Nariño en 2022 no dará libertad a las personas involucradas en casos de corrupción. “El perdón social no es impunidad, es justicia reparativa. El perdón social no es encubrimiento, es un proceso de verdad histórica. El perdón social no es ni jurídico, ni divino, es un perdón terrenal de la ciudadanía. El perdón social no lo ordena el presidente, sino la sociedad”, agregó.

Finalmente, sostuvo que el concepto no ha sido creado por él y atestiguó que fue propuesto inicialmente por el filósofo francés Jacques Derrida. Sobre la idea de crear más cárceles en el país, la cual ha sido mencionada por otros aspirantes presidenciales, comentó: “Lo que necesitamos es más universidades que cárceles, más esferos y libros que fusiles, más inteligencia que bombas. Por llenar el país de cárceles es que terminan llenando el Estado de corruptos”.

Fuente tomada de: AS Colombia

Periodista colombiano pionero en Radio Online https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7782091

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Colombianos y venezolanos, entre los que más solicitaron asilo en España

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España recibió en 2023 un récord de 163.000 solicitudes de asilo, en su gran mayoría de venezolanos, colombianos y peruanos, informó este jueves el Ministerio del Interior.

El ministerio registró “163.218 solicitudes de protección internacional en 2023, un 37% más que en el año anterior y la mayor cifra desde la creación de la oficina de asilo en 1992”, indicó en un comunicado.

Casi el 80% de los solicitantes proviene de tres países latinoamericanos: Venezuela (60.534 peticiones), Colombia (53.564) y Perú (14.306), precisó el texto.

Las cifras del 2023 “sitúan a España como el tercer país receptor” de personas que solicitan asilo en la Unión Europea, aseguró el ministerio.
El año pasado, el ministerio resolvió 92.963 expedientes de protección internacional.

A 41.478 solicitantes, en su mayor parte venezolanos, les concedió “residencia y trabajo por razones humanitarias durante un año”, explicó.

A otras 7.521 personas, principalmente afganos, sirios, nicaragüenses, colombianos y hondureños, les otorgó el estatus de refugiado.

Y a 3.850 personas, sobre todo malienses, les confirió el llamado derecho a la protección subsidiaria, que es cuando no califican para recibir asilo, pero corren peligro si son regresadas a sus lugares de origen.

Cabe señalar que la ONG española Caminando Fronteras informó que al menos 6.618 migrantes murieron o desaparecieron en 2023 mientras intentaban llegar a España.

Esta cifra, que prácticamente se ha triplicado respecto a 2022, cuando hubo 2.390, es “el registro más alto” por la ONG desde que inició sus recuentos, declaró a la prensa en Madrid su coordinadora, Helena Maleno

A modo de comparación, un informe de la ONG publicado el año pasado registraba 11.200 migrantes muertos o desaparecidos al intentar llegar a España entre 2018 y 2022, una media de seis al día.

Según cifras del gobierno español, este aumento de las tragedias migratorias se produce cuando el número de migrantes que llegaron ilegalmente a España casi se duplicó en 2023, hasta las 56.852 personas, debido a una afluencia sin precedentes en la ruta al archipiélago atlántico de las islas Canarias.

Caminando Fronteras, que basa sus informes en llamadas de socorro de migrantes en el mar o de sus familias, contabilizó 363 mujeres y 384 niños entre las víctimas del año pasado.

La inmensa mayoría de las desapariciones de quienes intentaban alcanzar España (6.007 del total) se produjo en la muy peligrosa ruta entre las costas del noroeste de África y las islas Canarias, en el océano Atlántico.

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España examina petición para regularizar a migrantes sin papeles: ¿a cuántos beneficiaría?

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El Parlamento español debe pronunciarse este martes sobre una iniciativa popular firmada por más de 600.000 personas, y con el apoyo de unas 900 asociaciones, que reclama la regularización excepcional de todos los inmigrantes irregulares que viven en el país.

Esta iniciativa, lanzada hace casi tres años por un colectivo de defensa de migrantes irregulares, será abordada en el pleno por los diputados, que deberán decidir si autorizan el examen formal de una proposición de ley sobre el tema.

a plataforma de izquierda Sumar, socia del partido socialista de presidente Pedro Sánchez en la coalición de gobierno, ya expresó que apoya la regularización masiva.

A pesar de estar a favor de que el Parlamento examine esta iniciativa popular, los socialistas se mantienen prudentes y aseguran que el derecho europeo no permite una regularización generalizada de inmigrantes sin papeles.

¿Qué pide la iniciativa?

La iniciativa ciudadana, firmada hasta este martes por 612.000 personas, reclama que se busquen “mecanismos que garanticen” que los migrantes irregulares “puedan salir de la situación de invisibilidad y ‘no derechos'”.

“De acuerdo con las estimaciones más recientes, en España residen de manera irregular entre 390.000 y 470.000 personas, de las cuales una tercera parte serían menores de edad”, recuerda este texto enviado a los diputados, apoyado por 906 asociaciones, así como por la Iglesia.

“El sistema de acceso a la residencia contemplado en la ley de extranjería LO 4/2000 resulta insuficiente y limitado y no se ajusta a la realidad actual de las personas migrantes que viven y trabajan en el Estado español”, menciona el texto. 

“Los criterios de acceso a la residencia son altamente restrictivos”, lamentan, y “el procedimiento administrativo” para obtener el permiso o su renovación “es lento, burocrático y cuenta con un elevado margen de discrecionalidad”, agregan.

Según los impulsores de esta iniciativa popular, esta situación va contra los derechos fundamentales de los inmigrantes y genera igualmente “la pérdida de un gran aporte económico y fiscal para el conjunto de la sociedad”, ya que no les permite pagar impuestos.

“Para muchas personas en situación de irregularidad es imposible conseguir papeles. Entre ellos hay familias con niños que no pueden acceder a la salud o a la educación, se encuentran en una rueda de un sistema perverso que las mantiene en la extrema precariedad”, afirmó Lamine Sarr, portavoz del movimiento que busca la regularización de migrantes.

Los autores del texto recuerdan que las políticas de regularización masiva fueron implementadas en varias ocasiones durante las últimas décadas en la Unión Europea, en particular en España.

En el año 2000, por ejemplo, el presidente conservador José María Aznar regularizó a casi 137.000 inmigrantes ilegales, antes de endurecer las condiciones de concesión de permisos de residencia.

En 2005, el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero regularizó, de su lado, a unos 580.000 inmigrantes irregulares durante un proceso “excepcional” que le valió críticas en Europa.

Así, el texto propuesto le otorga al gobierno un periodo de seis meses para aprobar un decreto que estipule el procedimiento para regularizar la situación administrativa “de los extranjeros que se encuentren en territorio nacional antes del 1.° de noviembre de 2021″.

“La existencia de cerca de medio millón de personas fuera del radar de las instituciones y de la planificación de los servicios públicos supone un déficit de gobernanza pública que es urgente corregir”, señala el texto.

Según el medio español Eldiario.es, si el Congreso aprueba que la iniciativa siga su curso, la norma pasará a una comisión en donde los grupos parlamentarios realizarán enmiendas al proyecto. Luego, la ley se sometería a votación en el pleno del Congreso. Por el contrario, si es rechazada este martes, la iniciativa no podrá ser revisada y ser archivará.

“No se trata ni de barra libre ni de cerrar fronteras. Se trata de saber que un país como el nuestro necesita y va a necesitar muchísimos miles de inmigrantes, incluso para poder sostener su propio tejido, pero hay que hacerlo de manera razonable e inteligente”, dijo Patxi López, portavoz del partido socialista, que afirmó que apoyarán la votación este martes.

La norma podría impactar directamente a cientos de colombianos. Más de 800.000 colombianos viven en España, según datos del Departamento Nacional de Estadística (DANE), una cifra que Gobierno y organizaciones civiles, según reconocen, es inferior a la real, ya que muchos otros no están registrados en su oficina consular por miedo a que se descubra que están en situación irregular.

Cifras de 2020, de hecho, aseguran que al menos 10.000 colombianos viven de manera irregular en España.

Según datos del español Instituto Nacional de Estadística, además, 42.600 colombianos llegaron a España el último trimestre de 2023, siendo así la comunidad extranjera que más creció en ese período, por delante de la venezolana (27.300), la marroquí (25.800) y la peruana (17.200). 

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Comer en un restaurante en Caracas, es más caro que en algunas de las ciudades más cosmopolitas del mundo

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En febrero, el medio especializado The Economist presentó un índice de los países más caros para celebrar el día de San Valentín. Y Caracas se ubicó séptimo, por encima de Beijing y Abu Dabi. ¿Por qué es tan costoso?

En la dolarizada Caracas, comer en un restaurante es más caro que en algunas de las ciudades más cosmopolitas del mundo. Todos los años, para el 14 de febrero, The Economist elabora un ranking con lo que cuesta una velada e incluye varios items, entre ellos, una comida.

Las listas están basadas en precios de todo el año anterior. Caracas no figuró en el ranking del año pasado, pero en el de 2024 aparece en posición de «honor»: en octavo si se considera solo el precio de los restaurantes y en séptimo si se suman todas las variables, que son restaurantes, botella de vino caro, dos tickets para el cine, dos bebidas en un bar y una carrera de taxi.

En síntesis y siempre según The Economist: cenar en un restaurante en Caracas, en promedio, es más costoso que en Zurich, Los Ángeles, Anu Dhabi, Bahrain, Beijing e incluso, un poquito más costoso que Moscú. Y estas son las ciudades consideradas más caras para una velada de San Valentín, según este medio informativo especializado en economía.

Otro dato: Caracas es la única ciudad latinoaméricana que aparece en el ranking, incluso por encima de Río de Janeiro, Ciudad de México, Lima o Buenos Aires.

¿Por qué es tan caro comer en Caracas?

A grosso modo, varios factores externos inciden en el costo de una comida en un restaurante en Caracas. Uno de los más importantes es el alquiler de los locales, para quienes no lo tienen propio. Un local pequeño, en una zona como Las Mercedes o La Castellana, puede costar 4.500 a 5.000 dólares. La inversión inicial también es alta y, para un restaurante de alto nivel, ronda los varios cientos de miles de dólares

Sin embargo, hay otros factores subjetivos que también inciden y es el nivel de ganancias y de retorno de la inversión que pretenden algunos propietarios, como bien lo señaló Adrián Yánez, chef venezolano con experiencia laboral en varios países.

A su decir, algunos restauradores venezolanos pretenden ganancias de 200%, cuando en la mayoría de los países desarrollados está entre 27 y 30%. También considera que tratan de recuperar la inversión completa en meses.

«Hay que sincerar ganancias. Si algo cuesta 20 dólares el kilo, en el costo del plato no lo puedes proyectar como si costara 150. Entiendo que hay que pagarle a la brigada de cocineros, y tener ganancias, pero es que el empresario venezolano a veces quiere recuperar la inversión completa en tres meses. Y eso no pasa en ninguna parte del mundo», refirió.

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